18 mayo, 2016

Infancia en Occidente: las dos castas.


País extraño en el que vivimos. Cuando se constituyó el Congreso, aquel bebé en brazos de su madre -diputada-, generó un sin fin de opiniones. Sin duda alguna, fue una buena ocasión para debatir acerca de lo realmente importante: ¿contamos en realidad con un sistema que protege a la infancia? Si contamos con un sistema que protege a la infancia y a la adolescencia: ¿por qué cada vez se oyen más voces que cuestionan que la Administración no cumple bien su función, generando, por lo tanto, indefensión en las familias?

Con la finalidad de generar opinión al respecto del debate abierto, he seleccionado tres documentos que ilustrarían el cuestionamiento del sistema de protección actual.

El primer documento tiene como protagonista a IU Aragón. Con su propuesta, IU Aragón rompería esa mala práctica de la política de partido: esconder lo que no le interesa debajo de la alfombra.

En el segundo documento, Francisco Cárdenas Ropero -Presidente de APRODEME-, propone de manera urgente una reforma del sistema de protección.

Finalmente, en el tercer documento, recurro a Enrique Martínez Reguera. A través de un capítulo íntegro de uno de sus libros más signitificativos -e imprescindibles-, tendremos la ocasión de descubrir por qué es necesario cuestionar el actual sistema de protección.


Documento A: IU Aragón.



(Para acceder al documento, pinchar sobre el texto).


Documento B. Francisco Cárdenas Ropero: La necesaria reforma del sistema de protección de menores



Documento C: Enrique Martínez Reguera. Ángel y Merceditas. 


El texto que sigue hasta el final de lo publicado en este post, ha sido extraído del libro de ENRIQUE MARTÍNEZ REGUERA (2011) “De tanta rabia tanto cariño”. Madrid. Popular.

Ángel y Merceditas.

A partir de noviembre del 87, la nueva legislación sobre Menores decidió que en España habría dos categorías o estirpes de niños: los hijos de familias pudientes, sin riesgos previsibles, que pertenecen a sus padres naturalmente, y los hijos de familias sin recursos o “niños de riesgo”, que en cualquier momento podrían ser expropiados a sus papás para convertirles en un bien común o de interés público.
Entonces se creó en cada Comunidad Autónoma un negociado tutelar que administrase en régimen de monopolio esa novedosa riqueza semoviente que serían los “niños de riesgo”. Y para hacerla más rentable comenzaron a proliferar por doquier empresas gestoras “sin afán de lucro”, que demasiadas veces no pasan de ser turbios negocios traficando con la vida de esos niños.
Así fue como Merceditas, Angelito y sus hermanos pequeños fueron arrebatados, robados, a sus papás.
Como a más de un lector pudiera sonarle a novedosa semejante expropiación de los hijos, lo mismo que esas dos castas de niños, sin riesgo y con riesgo, a las que me acabo de referir, voy a permitirme una breve digresión para explicarlo.
La cultura occidental sostuvo desde muy antiguo que los niños son propiedad de sus padres, a eso se le llama la patria potestad que incluye la tutela y la guarda y custodia de los hijos.
Sobre esta potestad patria se apoyan todos los derechos y deberes mutuos que posibilitan la vida privada de las familias; padres e hijos se ayudan entre sí y toman sus decisiones sin que ningún ajeno tenga en principio derecho a interferir. La patria potestad blinda los intereses del grupo familiar: lo que es bueno para un miembro de la familia es bueno para los demás, el daño que se cause a uno de ellos es daño que se inflige a todos. Por eso la patria potestad garantiza el núcleo protector en el que se puedan realizar las labores de crianza. Protegiendo y criando a sus hijos los padres protegen su propio futuro y el futuro de toda la familia.
Precisamente por esto, las familias con graves carencias económicas, bajo ese cobijo que les otorgaba la patria potestad, buscaron siempre en la biología, en la procreación, un mecanismo eficaz de autodefensa: a más hijos, mayores posibilidades de supervivencia familiar: los hijos traen un pan bajo el brazo se decía antaño y no sin razón, porque son portadores de sangre joven, de nuevas ilusiones, de acometividad y creatividad, de vigor físico, de fuerza de trabajo. Los pobres siempre han sabido que a más hijos más brazos tirando del carro común y más posibilidades frente a la adversidad.
La revolución comunista pretendía algo similar pero por otro camino; y razón no le faltaba, porque la privacidad que era buena para los que heredan fortuna, era insuficiente para los que heredan miseria. Al considerar a los hijos como un caudal de interés público, su educación y crianza quedaría bajo arbitraje del Estado: precisamente para hacer prevalecer el interés colectivo y garantizar criterios más igualitarios.
Todo el siglo XX cobijó a sus hijos bajo uno de estos dos criterios: propiedad privada en Occidente, propiedad pública en los países del Este. La incansable polémica entre escuela pública y privada no fue sino un corolario de ese dualismo.
Pero con la caída del muro de Berlín la política del Capital decidió astutamente otorgar parte de la razón a cada una de esas dos ideologías, mediante un proyecto pasmoso, consistente en permitir expropiar la prole a un sector de población: los hijos de las familias pudientes seguirían siendo de sus papás como siempre lo habían sido, mientras que los hijos de los pobres, por su “situación de riesgo”, podrían pasar a ser del Estado. Y correspondería al Estado pudiente aprovecharles en interés propio.
De esa manera en España hoy se nace perteneciendo a una de estas dos castas: niños sin riesgo y niños de riesgo; niños sin riesgo, con familia adecuada o no, pero con recursos como para impedir que el Estado se los quite, y niños de riesgo, con familia adecuada o no, pero sin recursos suficientes como para evitar que se los quiten, desarraiguen y rentabilicen.
El truco del riesgo, es que dicha ley de “Protección” prejuzga que si padres e hijos se hallan en situación muy destartalada, el riesgo que padecen los hijos es culpa de los padres y solo de ellos. O sea que si un papá es víctima del paro estructural y del trabajo basura, aún encima tiene la culpa de todo; el Estado se va de rositas y a padres e hijos se les castiga; y se les castiga nada menos que amputándoles el futuro y el pasado, la prole y las raíces. Por esta vía, las políticas que originan el desbarajuste social luego se lo achacan a los sujetos y grupos más vulnerables. Víctimas y aún encima apaleados.
A partir de ese momento los organismos “tutelares” se han puesto a expropiar retoños ajenos con fervor ultramontano y tal como estaba previsto: solamente los de las familias ya desfavorecidas; en teoría para cuidárselos mejor, en realidad para desposeerlas de lo poco que les quedaba: su capacidad de engendrar, su sangre joven, la prole, la fuerza de trabajo, de futuro.
Aquella convicción popular de que a más hijos más posibilidades de supervivencia ya solo será cierto para las familias acomodadas, porque para las indigentes, a más hijos más riesgo y probabilidad de que te los expropien.
Un verdadero golpe bajo a las clases desfavorecidas, un inmisericorde dislate clasista, no uno más sino el peor: a la larga una ladina selección, pura ingeniería social, como un genocidio muy discreto.
Mercedes y Emiliano, los papás de Ángel y Merceditas, tenían cuatro hijos, dos del primer matrimonio de la mamá y otros dos en conjunto. Vivían en Alcalá de Henares, en una casa alquilada; eran años muy difíciles y las necesidades económicas ahogaban a la familia. Pero su verdadera tragedia comenzó en el 91: sucedió que como el dueño de la casa quería que los inquilinos se fueran para poder subir el alquiler, no se le ocurrió otra cosa que acusarles ante la autoridad municipal de maltratar a sus hijos. El maltrato podía ser una realidad, pero también era una vía que brindaba la nueva legislación y que permitía agredir impunemente a los padres bajo pretexto de proteger a los hijos.
Policía y personal de la institución tutelar se presentaron en su domicilio y por la fuerza se llevaron a los niños. La madre estaba embarazada y la amenazaron con esposarla a los barrotes de la terraza si seguía resistiendo. Tuviera fundamento o no la acusación, ya les estaban castigando. Los hijos ingresaron en el centro de primera acogida de Hortaleza. Durante quince días les tuvieron incomunicados. El niño amenazó con arrojarse del tejado.
Los informes médicos no mencionaron carencia alguna, física, nutritiva ni sanitaria, los otros informes resaltaron la fuerte vinculación familiar. Fueron pues trasladados al internado Isabel Clara Eugenia y enseguida se dispuso la devolución: por la excelente vinculación familiar y porque solo se veían carencias económicas que son las que habría que arreglar. Un año después les devolvieron la tutela.
Amedrentados por esta experiencia tan cruel como arbitraria decidieron marchar de Alcalá y se fueron al pueblo de Meco.
Allí fue precisamente en donde yo les he conocido: una profesora del colegio público al que acudían los niños me llamó para interesarme por ellos: se encontraban sin vivienda, sin trabajo y sin alimentos. Me consta que en más de una ocasión los niños salieron a robar tomates de los huertos vecinos para que en casa hubiese algo de comer.
En esta etapa, el chiquillo, que entonces tenía doce años, comenzó a indisciplinarse en la escuela; la policía municipal le capturaba para obligarle a entrar en el colegio y repetidamente el niño se escapaba. La directora comenzó a desear prescindir de aquellas criaturas y a proponer su internamiento. Cierto día, la familia presenció cómo arrebataron con extrema violencia a dos niños vecinos, gitanillos ellos de ocho y cinco años; a la salida del cole y delante de todas las madres, que escondieron a los suyos horrorizadas.
En consecuencia, una vez más decidieron poner tierra por medio, ahora para refugiarse en Valdecaballeros, provincia de Badajoz, en donde el padre tenía familia, con la esperanza de que les fuera más fácil encontrar trabajo.
Se habían ido con lo puesto y comenzaron a vivir en un recinto poco habitable, pero a los pocos meses ya consiguieron alquilar una vivienda. Lo malo fue, que los mecanismos de sospecha ya se habían activado también: las condiciones higiénicas no eran las más adecuadas y desde el colegio les derivaron a los servicios sociales por “posible maltrato”; derivación de obligaciones, muy cómoda, que también propicia la nueva legislación.
Cuando la familia cuenta ya con vivienda, los niños con colegio, los padres con trabajo, amén del apoyo de los abuelos y de nuestras frecuentes visitas desde Madrid, empiezan a recibir citaciones repetidas en las que se les conmina a comparecer ante el servicio de Protección Jurídica del Menor en Mérida.
En febrero del 95, aunque poco a poco van ganando calidad de vida y solo necesitan que les dejen salir adelante por sus propios medios, se inicia otra vez la investigación “por si se estimara conveniente retirarles de nuevo a los niños”. A ellos les da pánico imaginar que se pueda repetir lo que les acaeció en Madrid.
En verano del 97, el último día de colegio, como si atacasen a un grupo de dinamiteros, un espectacular despliegue de fuerza pública, policía, guardia civil, técnicos de la Junta y de la Cruz Roja se presentan en la escuela, desalojan a todos los alumnos excepto a los cuatro hijos de Mercedes y Emiliano, y mediante engaños que los niños no se creen (les dicen que les van a llevar a un campamento de verano), meten a dos en una ambulancia y a los otros dos en otra y se los llevan al Centro de Menores de Mérida.
El 20 de junio les internan, pero el 4 de agosto les ponen de nuevo en la calle. El mayor ya tenía 16 años, el segundo 14, el tercero 7 y el cuarto 5 y se estaban pasando la vida bajo un régimen de excepción así de incoherente.
Estos son los índices de desamparo que adujeron para cometer tamaña arbitrariedad: falta de higiene, absentismo escolar, que los niños no jugaban, problemas conductuales, consumo de alcohol de los padres, y falta de colaboración por parte de la familia.
Los que les conocíamos sabíamos que todo esto era falso y así lo hicimos constar infinidad de veces. Que el absentismo escolar no era cierto quedaba demostrado por el propio boletín de notas en donde reseñan ese dato. La falta de higiene solo se produjo en los primeros meses e inevitablemente como ya mencioné. El que los niños no jugaran cuando todo el mundo les veía jugar sin tregua, eran ganas de marear. Y en cuanto al supuesto consumo de alcohol, el propio señor alcalde escribió de su puño y letras: “...tengo que puntualizar, que aunque frecuentan el bar no implica consumo, por otro lado en el pueblo no hay centros sociales ni culturales de reunión, y los bares son muy frecuentados”. El problema de conducta que les achacan también es curioso: un grupo de ocho niños del colegio, entre los que se encontraba uno de esta familia, robaron dinero de las huchas del Domund; aún hoy nos preguntamos por qué conociendo la identidad de los ocho solo se procesó a tres familias, casualmente las tres más indigentes.
Y llegamos a lo de la “falta de colaboración con los servicios sociales”. Hete aquí el núcleo del asunto, su mayor o tal vez su único pecado: que sin orden judicial no dejaban fisgonear a nadie en su domicilio; ¿quién ha dicho que no dejar entrar la asistencia social en tu casa sea un delito?, ¿por qué te has de convertir en sospechoso si defiendes tu intimidad ante los extraños?, ¿acaso un trabajador social, a quien se le encomienda hurgar en tu hogar, no puede ser más incisivo que un policía?, ¿y por qué la palabra de estos técnicos se convierte en palabra de dios, para denigrar y desintegrar una familia?
Les sacaron del internado con la condición de que los padres firmaran un contrato. Habrían firmado cualquier cosa por recuperar a sus hijos. Se trataba de un vademécum de buenas costumbres con cláusulas tan bobas y resbaladizas como “las relaciones entre los miembros de la familia serán cordiales...”, “se mantendrán limpios y aseados...”; ¿quién evalúa eso y con qué derecho?; he aquí otra cláusula textual “la vida pública de Mercedes y Emiliano deberá responder a lo que socialmente se adscribe a los roles de los padres, por ello el consumo de alcohol y asistencia a bares debe ser compartido con otro tipo de actividades de convivencia con sus hijos (hacer deporte, pasear, ir a parques, excursiones, pesca, etc.)”. De hecho yo mismo les había acompañado más de una vez en esos u otros entretenimientos, los disfrutaban como lo más natural cuando les era posible, ¿por qué habrían de hacerlo ahora por obligación y bajo contrato? ¿qué dictadura se atreverá a imponer semejantes cláusulas al común de la gente?
Firmaron y se fueron a casa con sus hijos, pero la tutela se la quedó la Junta de Extremadura: los deberes para los padres, los derechos para la Junta...¡si el Derecho Romano levantara cabeza!
El contrato tenía que revisarse a los tres meses pero los servicios tutelares no dieron señales de vida desde agosto del 97 hasta abril del 99.
El 14 de octubre del 99, policías, técnicos de menores y la Cruz Roja vuelven al colegio y se llevan por la fuerza a los dos pequeños, luego van al domicilio y se llevan al segundo. El mayor estaba ya en Madrid trabajando con su padre. Resulta inaudito, así, sin más, por tercera vez, ¿recordáis la película de Ken Loach, Lady bird, Lady bird? Los informes que emite esta vez el equipo técnico de Mérida son indescriptibles, están repletos de suposiciones, de contradicciones, de infundios e incluso de falsedades: “una vecina nos comenta que seguramente estén en casa pero no abren la puerta”; “se rumorea que el único que alguna vez debe hacer la limpieza en casa es el marido”; “su voz era de estar muy nerviosa o bebida”; “tienen un coche en la puerta” (no dicen que ese coche estaba sin motor); “esperamos un rato sin que nos vieran y el mayor salió en bicicleta, intuimos que fue a avisar a su madre para que no volviera”. De una entrevista que tienen con los niños reseñan: “sus mejores amigos son los hijos del dueño del bar que frecuentan sus padres” (no dicen que es allí donde se reúne la asociación deportiva con todos los niños y que el dueño del bar es el responsable de tales actividades y quien las organiza). En fin así podríamos añadir diez o doce folios.
Pero esta vez los niños pasaron dos años internos porque los padres recurrieron al juzgado y el juez tardó dos años en contestar. Se les devolvió la guarda y custodia, pero la tutela siguió en manos de la Junta.
Durante diez años esta familia ha sido acusada y perseguida; su delito ha sido haber pasado necesidad y sin embargo haberse atrevido a exigir respeto.
Cuánto no habremos aprendido nosotros de su dignidad y sus padecimientos: denuncias por malos tratos para subir el precio de una vivienda, denuncias calumniosas para limpiar el colegio de alumnos molestos, funcionarios fanáticos que mienten y omiten datos y falsifican documentos, despliegues de fuerza pública para aterrorizar a las mamás aturdidas de un barrio, cierre al asalto de un colegio como broche elocuente el último día del curso.
¡Y yo que me preguntaba para qué habrían hecho semejantes leyes!...por cierto, aprobadas por unanimidad en el Parlamento.

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